La coordinadora de Género de Amnistía Internacional Argentina, Lucila Galkin, afirmó en conversación con Salta/12 que aún existen barreras para que niñes y adolescentes accedan a la ESI. Señaló que lo ocurrido en el colegio evangélico de Salta evidencia la falta de supervisión por parte de los ministerios provinciales al momento de hacer cumplir la ley.

Galkin aseguró que la exigencia del colegio Timoteo «es una norma discriminatoria que vulnera la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género» (sancionadas en 2006 y 2012) y consideró «inadmisible» que una institución educativa tenga este tipo de normativa. 

La solicitud de ingreso del colegio decía: «El Instituto Timoteo trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer, ¿Usted acepta que traten a su hijo de esta manera?». Y la siguiente pregunta era: «Si en el futuro Ud. o su hijo o hija decide ser tratado de manera distinta, no de acuerdo a su sexo al nacer, ¿se compromete a trabajar con la institución para buscar un pase a otra institución?».

Amnistía Internacional subrayó que la obligación de respetar la identidad de género de les estudiantes y llamarles por su nombre elegido no queda a discrecionalidad de cada institución, sino que su obligación es asegurar un trato digno hacia les estudiantes.

Amnistía Internacional lanzó un petitorio en el que deja en claro que la ESI es un derecho fundamental de todes les estudiantes, al igual que el respeto a su identidad de género autopercibida. Y señala que desde «su implementación» su cumplimiento «es desigual en nuestro país».

El petitorio invita a acompañar que se solicite a la cartera educativa de Salta que haga efectiva la implementación de esta ley en todas las escuelas de la provincia, sean de gestión pública o privada, y que se «garantice la no discriminación de les estudiantes por identidad de género».

Desde el Ministerio de Educación de la provincia comunicaron a Salta/12 que están «averiguando y haciendo las actuaciones pertinentes» respecto de la acción del colegio. Además, el INADI recién ayer recibió la respuesta de Educación al pedido de información que remitió este organismo el pasado 5 de agosto.

Galkin señaló que esperan que se deje sin efecto esta reglamentación en el instituto y que el Ministerio de Educación de Salta adopte las medidas necesarias para que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral, pionera en la región. Hasta el momento no obtuvieron respuestas y, en caso de no tenerlas, Galkin dijo que le tocará al Ministerio de Educación de Nación dar una respuesta como máximo órgano del área.

Lo sucedido en Salta es un «caso sumamente grave», por lo que AI consideró necesario contribuir en la situación para amplificar las voces. «Nos pusimos en contacto con la familia y fuimos consensuando una estrategia de incidencia que nos permita revertir» lo sucedido, manifestó Galkin. Además, están invitando a que si existen más jóvenes que identifiquen barreras en el cumplimiento de las leyes de igualdad, trasladen sus casos a la página web de la campaña #ESIgualdad, para hacer las denuncias correspondientes.

AI recordó que en 2018, por la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, los estados provinciales se comprometieron a implementar la ESI en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, el respeto por la diversidad, la equidad de género y el ejercicio de derechos. «Es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación sexual integral», sostuvo la organización.

Un derecho humano

El petitorio de firmas forma parte de la campaña #ESIgualdad que se está llevando adelante en 9 países de la región, buscando revindicar la ESI como un derecho humano. Desde la web se aclara que se trata de un movimiento regional de organizaciones, grupos, colectivos y activistas que quieren una educación que construya y promueva la igualdad, la equidad, la diversidad y el respeto incondicional dentro y fuera de las aulas.

«Nos une nuestra demanda por el acceso universal a una educación sexual integral que sea científica, gratis y de calidad, para construir una región que trate a todes con dignidad, respeto y empatía», se sostiene.

En ese sentido, Galkin contó que están trabajando junto a 20 organizaciones de todo el país para identificar cuáles son las barreras actuales para acceder a la ESI. Sin datos oficiales aún, adelantó que los obstáculos se perciben en los distintos niveles de educación, sea inicial, primario o secundario.

Las principales razones se deben a falta de material pedagógico o a las barreras institucionales por las propias autoridades educativas. Además, sostuvo que con la pandemia esas acciones recrudecieron porque «muchos jóvenes nos dijeron que no tuvieron ESI» durante el período de Aislamiento Social (ASPO).

A partir de la Evaluación Aprender de 2019, desarrollada por el Ministerio de Educación de Nación, se conocía que en el país existe un 22% del personal directivo de escuelas secundarias que tuvo que intervenir frente a situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Amnistía, recordó que la ley vigente, «tiene el potencial de cambiar la vida de niñes y jóvenes, transmite habilidades, actitudes, valores y conocimientos que contribuyen a que les niñes puedan tomar decisiones libres e informadas sobres sus cuerpos». Además, de que puedan desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y puedan disfrutar de su sexualidad.

Fuente: Página 12

Por Maira López