Tres testimonios narran casos de violencia obstétrica y psicológica en el sector público.

 

A siete meses de la sanción de la ley 27.610, que garantiza el acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo, tres mujeres contaron a este diario cómo el personal de salud objetor de conciencia de tres hospitales públicos de la provincia las sometió a torturas psicológicas, dilatación de tiempos de atención, malos tratos e información falsa sobre la ley.

El primer caso se dio en el Hospital Materno Neonatal Doctor Ramón Carrillo de esta ciudad, el viernes 18 de junio pasado. Allí, Nélida, que calificó la experiencia como “terrorífica”, acompañó a su sobrina de 17 años, derivada “con una determinada doctora, porque no todas te atienden, porque son objetoras”, explicó a HOY DÍA CÓRDOBA. “Ahí (en el servicio del Hospital Neonatal donde la derivaron) las doctoras son un amor, te atienden y te dicen todo”, agregó.

A las siete de la mañana de ese viernes, la joven fue derivada a internación, pasó por la guardia y quedó hospitalizada. “Esta doctora la atiende, le hacen el ingreso por la guardia, donde todos eran hombres, la derivan a un piso y perdimos el rastro. La doctora le hizo el ingreso y se va (por el cambio de guardia)”, explicó Nélida, y agregó que ningún trabajador del hospital le brindó información sobre su sobrina hasta el otro día.

“Informaban a todos los familiares quiénes habían sido mama, quiénes habían tenido bebe, cuántos kilos, y yo les preguntaba por mi sobrina y me decían que todavía no sabían nada”, contó.

Asimismo, cada vez que solicitó información al policía de guardia, él le indicó que solo podía brindarle datos al marido, a pesar de que Nélida le explico que ella era su tía y su única acompañante.

Recién al otro día Nélida pudo tener contacto con la médica a cargo del internado en ese momento. Ella le aclaró que “era objetora”, y le indicó que pediría el traslado. “Esto es un lugar de neonatología, en este lugar nacen bebés. La ley nos cayó de arriba, tendrían que haber hecho otro lugar, yo no estoy para nada de acuerdo”, dijo la médica, según Nélida.

La profesional también le indicó a la tía que la paciente estaba internada junto a las mujeres que estaban por parir, compartiendo habitación, y le aseguró que ella no podía darle “las pastillas (de misoprostol, el medicamento utilizado para los abortos)”, porque no tenía acceso. A esto, Nélida le pidió que dejara asentado en la historia clínica que no tenía dicho acceso. Frente a la situación, la profesional le dijo que vería cómo hacer para conseguirlas para las 18 de ese sábado.

Nélida no tuvo más información sobre su sobrina hasta las 23 horas, cuando le indicaron que la paciente había sido trasladada a las habitaciones de piso, donde recién podría verla al otro día, en horario de visitas.

El domingo, la acompañante pudo hablar con otro médico que no era objetor de conciencia. Según contó Nélida, él le pidió disculpas por la situación que estaban atravesando y le explicó que solo él y otros dos profesionales no estaban en contra de la aplicación de la IVE.

Días de “terror”

Una vez que tomó contacto con su sobrina, Nélida se enteró de lo que atravesó la adolescente, lo cual calificó como “unos días de terror”.

La joven le contó que vivió todo tipo de maltratos. Algunas enfermeras no le hablaban y se retiraban al leer su historia clínica, dejándole las pastillas que debía tomar sobre la mesa, sin asistirla. En una ocasión, la joven se atragantó con la medicación y vomitó, quedando su vómito en el barbijo, sin que nadie le ayude a limpiarse.

“El lunes le pidió un apósito a una enfermera y la enfermera le dijo que se levantara ella a buscar”, afirmó Nélida. Y agregó: “En un momento, le hicieron una ecografía, cuando le hacen el ingreso, para que escuche los latidos (del feto), a pesar de que tenía una ya realizada”, contó la acompañante.

Al respecto, el médico Edison Bedoya, integrante del colectivo Mala Junta de Nueva Mayoría, quien asesoró a Nélida mientras ella acompañaba a su sobrina, afirmó: “Lo de los latidos del corazón es un método absolutamente innecesario. También es un método de tortura psicológica hacerle escuchar los latidos del corazón a una persona que decidió abortar. No es necesario”.

Pero lo más desconcertante fue lo que le dijeron a la adolescente tras realizar la interrupción del embarazo. “Las enfermeras le preguntaron si quería que lo bautizara (al feto expulsado), la madrugada del domingo”, contó la tía de la joven.

“El problema es que tendría que haber personas de guardia que no sean objetoras”, reflexionó Nélida, y agregó que no pudo acceder a la historia clínica de su sobrina y que ningún médico le habló sobre los cuidados que debía tener la paciente tras la colación del DUI (dispositivo intrauterino) postaborto, ni fijaron una consulta de control posterior a la intervención.

Información falsa en el Hospital de Santa Rosa

Otro caso se vivió en el Hospital Regional Eva Perón – Santa Rosa de Calamuchita. Allí, una joven de 21 años, que pidió preservar su identidad, se acercó el 5 de julio pasado para consultar sobre los pasos a seguir para la IVE, en la 13º semana de gestación.

“El ginecólogo me dijo que abortos en Córdoba no se hacen, además de que me dio el nombre de las pastillas para comprar y tomar sin darme los gramos”, contó a este diario la mujer. Siempre según su versión, el médico le indicó que podía realizar el aborto en su casa, sin muchas explicaciones.

Al ser entrevistado por los medios locales, el director de la institución, Fabián García, sostuvo que el Hospital de Santa Rosa estaba “trabajando muy bien en este tema (la aplicación de la IVE)”, ya que cuenta con seis médicos que no son objetores. Asimismo, explicó que el caso de la joven había sido un “excepción” y que el “colega estaba totalmente desinformado”.

Finalmente, la mujer se puso en contacto con la agrupación feminista Acuerpando del Valle de Calamuchita, que le ayudó a tomar contacto con una médica ginecóloga del mismo hospital. Ella se encargó del caso de la joven y concluyó la interrupción de su embarazo, luego de ser derivada a la Ciudad de Córdoba, al Hospital Materno Provincial Doctor Raúl Felipe Lucini, donde recibió una buena atención.

Desde la agrupación feminista de acompañamiento Acuerpando le escribieron una carta a la institución solicitando explicaciones. Al respecto, Amanda Vera dijo: “Hablamos con la vicedirectora, quien asumió que lo relatado en la carta sucedió y dijo que el médico no estaba informado sobre el actual protocolo. Pidió disculpas y dijo que se contactarían nuevamente con nosotras para solicitar el material de difusión del que disponemos y para articular las capacitaciones que podemos gestionar”. No obstante, hasta ayer no se habían comunicado.

Trabas burocráticas en el Hospital de La Falda

Un tercer caso se dio en el Hospital Municipal de La Falda, donde una joven de 24 años que llevaba un embarazo de siete semanas y media -y también pidió no revelar su identidad- ni siquiera pudo acceder a una consulta con un profesional por la burocracia hospitalaria.

La mujer, que abortó el 20 de agosto pasado, se acercó a solicitar un turno con una ginecóloga y se lo negaron porque no tenía domicilio en La Falda. “Me acerqué al hospital a sacar un turno para el consultorio IVE con la doctora, la cual atiende únicamente lo días miércoles, llegue y me preguntan si soy de la Falda, le dije que sí, pero que aún no realice el cambio de domicilio. A lo qué me responden que solamente te atienden si sos de La Falda y el DNI tiene domicilio de acá”, contó la joven. Y agregó “La señora de la recepción me atendió muy poco amable, y me dijo que vaya a hacerme el cambio de domicilio”.

Tras el episodio, la joven tomó contacto con la agrupación Mala Junta, quienes la pusieron en contacto con una doctora del Hospital de La Falda. Ella le comentó que con una declaración jurada de domicilio debían darle el turno. Una vez realizado el trámite, se dirigió nuevamente al hospital y la misma recepcionista la atendió y le dijo que “tenía órdenes” de solo atender a la gente de La Falda. Luego de insistir, consiguió un turno para la semana próxima, pero al llegar a la cita en el horario pautado le indicaron que la médica no iría porque su hijo estaba enfermo.

La joven, cansada, le dijo que estaba en una fecha límite (la IVE considera hasta las 14 semanas y 6 días de gestación la posibilidad de abortar). “Sabía que no estaba en una semana límite, pero quería saber qué me decían y no quería dejar pasar más tiempo, y me dice ‘solo te puedo ofrecer el otro miércoles’”, narró.

La mujer destacó que cuenta con la contención de su pareja y que no está sola, pero reflexionó: “Si va otra chica joven, o sola o que no tenga una contención atrás, realmente es horrible, no se lo deseo a nadie”.

Ella pudo acceder a una consulta obstétrica en el Hospital de La Falda a través de un amigo que le facilitó el contacto con un profesional del establecimiento, logrando así saltar la burocracia que impedía la aplicación de la IVE. No obstante, no pudo acceder al misoprostol, porque no había disponibilidad en ese momento y le ofrecieron llenar un formulario para adquirirlas al otro día o al siguiente.

Cansada de esperar y cursando la novena semana de embarazo, la mujer resolvió comprar el medicamento por su cuenta. “Opté por comprármelas, porque si no, te soy sincera, no sé cuánto tiempo más tendría que esperar hasta que me puedan dar las pastillas en el hospital”, contó.

Si bien la joven consiguió abortar, consideró que su tránsito por el Hospital de La Falda fue “horrible”. “Todo lo tuve que hacer por conocidos de conocidos. Si vos vas sin conocer a nadie, a la deriva digamos, yo creo que, claramente, te tenés que terminar informando con Google y bueno, comprarte las pastillas y que sea lo que dios quiera; y si no tenés para comprarte las pastillas, la verdad que no sé”, reflexionó.

Finalmente, la mujer dijo que “el post y todo el procedimiento de un aborto es horrible” y que quienes afirman que “ahora que el aborto es legal todas van a abortar y no se van a cuidar, yo creo que no tienen idea lo doloroso y difícil que es todo ese proceso”.

La objeción de conciencia no debe obstaculizar

En el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, citando el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, se establece que el Estado debe garantizar a quien solicita la interrupción de su embarazo las condiciones “necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.

“En este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada”, dice. Y agrega que la interrupción debe ser “accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico–burocráticos” para acceder a la prestación.

Asimismo, sobre la objeción de conciencia, la ley 27.610 establece que los profesionales de salud que deban intervenir de manera directa en la IVE tienen derecho a ejercerla. “El marco para el ejercicio de la objeción de conciencia es el de la no obstaculización y la buena fe”, agrega.

No obstante, la objeción no debe “impedir el ejercicio de derechos por parte de las mujeres y personas con capacidad de gestar” y no abarca a “las acciones necesarias para garantizar la atención integral de la salud”.

Las organizaciones sociales facilitan el acceso al derecho

Son varias las agrupaciones que funcionan a nivel nacional y provincial para guiar a quienes deben llevar a cabo la IVE. Estos grupos están compuestos por ciudadanas y algunas profesionales que brindan asesoramiento, acompañan, contienen y resuelven los problemas de las personas que van a abortar.

Acuerpando (de la Red nacional de Socorristas) trabaja en el Valle de Calamuchita y Villa Ciudad Parque, y es una de estas agrupaciones. Desde que existe la colectiva en el año 2018, han acompañado a cerca de 200 personas en su decisión de abortar.

Asimismo, llevan adelante encuentros, talleres y campañas de difusión. Para comunicarse con ellas hay que llamar al 3546488258 (lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas) o por Instagram @acuerpando.

Otra de las agrupaciones destinadas a facilitar el acceso a la IVE es Mala Junta del Frente Patria Grande (@malajuntaencba en Instagram), también compuesta por mujeres feministas y profesionales que asesoran a quienes buscan abortar.

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (http://redsaluddecidir.org/) también ofrece acompañamiento.

Por Marcelo Lucero

Fuente: Hoy Día Córdoba